Diputado propone iniciativa de ley para sancionar la desaparición forzada de personas en Michoacán

Morelia, Mich., a 09 de octubre de 2014.- El diputado michoacano Juan Carlos Orihuela Tello, presentó al Congreso local una Iniciativa de Ley para Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado, ante la urgencia, dijo, de que las autoridades tomen acciones para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas.

Explicó así, que la desaparición forzada es un delito grave que ocurre cuando una persona es detenida por alguna autoridad (federal, estatal o municipal), que posteriormente niega que el individuo del que se trate se encuentre detenido o bien oculta su paradero.

El diputado señaló que debido a la falta de legislación en esta materia y ante la baja importancia que hasta hoy se le ha dado en Michoacán, los responsables de la comisión de este delito eluden la acción de la justicia fácilmente, trayendo consigo una serie de consecuencias que generan un sin número de hogares mutilados, dejándolos sumidos en la tristeza y en el desamparo.

Con esta Iniciativa, señaló Orihuela Tello, lo que se busca la reparación de los daños causados por la comisión de este delito a las víctimas, además de sentar las bases para crear y activar mecanismos gubernamentales que obliguen a la elaboración y ejecución de un plan o estrategia que deba implementarse cuando se suscita la comisión de esta conducta delictiva, acotó Orihuela Tello.

Informó que al cometerse este delito y aún más al no legislar en esta materia, se mantiene a la sociedad encerrada en un Estado en el que diariamente se violentan un sin número de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la seguridad y a la dignidad de la persona; el derecho a no sufrir tortura o trato o pena cruel; el derecho a un juicio justo; el derecho a la vida familiar y en ocasiones el derecho a la vida.

Si bien es cierto, acotó el legislador, que en el Código Penal del Estado de Michoacán se tipifica como delito la desaparición forzada de personas, también lo es que no se han instituido mecanismos gubernamentales para apoyar a las víctimas de la Comisión de este delito, tanto económica como psicológicamente e incluso, acercándoles y facilitándoles los medios para acceder a la justicia.

Para su estudio y análisis, la iniciativa fue turnada a las Comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, así como a Derechos Humanos.